Anti-Pop

La Anses, el 82% móvil y los límites del reformismo.

Emiliano Mussi –CEICS-

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El gobierno finalmente vetó la ley del 82% móvil. Esta medida profundamente anti-popular tiene, sin embargo, un carácter muy pedagógico: muestra los límites sobre los que se alza esta experiencia reformista. Es que el 82% móvil no es posible sin afectar intereses de los capitalistas. El gobierno lo sabe, y frente al veto, queda demostrado a qué clase social defiende. La oposición se contenta porque en ningún momento quiso hacer efectiva la medida. Para colmo, si se observan los niveles de haberes de las jubilaciones y pensiones, lejos están de su mejor momento, como el gobierno intenta hacer pasar. De hecho, si se pensaba que la estatización de la Anses avanzaba en ese sentido, es todo lo contrario. En efecto,  luego de dos años de haber estatizado el sistema de jubilaciones, eliminando el anterior sistema de AFJP, éste mantiene la misma estructura que aquél. Más de la mitad de los fondos de la Anses siguen estando en títulos públicos, deuda que mantiene el Estado con la Anses. Es decir, que esa deuda es muy probable que no se logre cobrar y que finalmente entre en default. Pero además,  continúa la participación accionaria en los mismos capitales que tenían las AFJP. Es decir, los activos de la Anses se mantienen en capitales nacionales que no pueden generar la riqueza suficiente para sostener el sistema de jubilaciones, porque su escala es insuficiente. Y expresión de esta incapacidad es el veto presidencial. Incapacidad que comparte Pino Solanas y el Frente Sur, porque las supuestas soluciones que propone, aunque más progresivas que la medida reaccionaria del gobierno, no avanzan en sacar al sistema jubilatorio de su crisis.

La  Anses (o cómo los jubilados de mañana estarán peor)

Todo trabajador vende su capacidad de trabajar al capitalista para poder vivir. A cambio, éste le paga el precio de su fuerza de trabajo: un salario. Con este salario, el obrero debe poder realizar todo lo necesario para poder estar en condiciones de volver al otro día a trabajar de nuevo. Debe alimentarse, vestirse, pagar el alquiler, etc. Y no sólo para él, sino que debe poder reproducir estas condiciones para toda su familia, que son los que lo suplantarán en su tarea cuando ya no pueda realizarla. Pero no sólo eso, sino que además, el salario que recibe se supone que debe poder tener la capacidad de generar un fondo de reserva para cuando, al final de su vida, ya no tenga la capacidad de trabajar, y su actividad laboral termine. Es decir, debe destinar una parte al ahorro para poder seguir viviendo cuando ya no trabaje. En ese sentido, la jubilación no es otra cosa que un salario diferido. Es una porción de la masa de riqueza que el trabajador genera durante su actividad laboral, que no la consume de inmediato, sino que lo hace al final de su vida. Pero este fondo de reserva no lo acumula cada trabajador individual, sino que lo garantiza el Estado, a través del sistema de jubilaciones.  

El sistema de jubilaciones lo organiza el Estado a través de la Anses, que es la Administración Nacional de Seguridad Social. En diciembre del 2008 se establece el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que pone fin con el régimen de capitalización conducido por las AFJP, implementado por el gobierno menemista en 1993. Así, se estatizan todas las cuentas de capitalización individual que pasan a integrar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). 

La estatización de los fondos jubilatorios permitió colocar estos recursos, ahora en manos del Estado, en condiciones de ser más disputables por la lucha de la clase obrera. Sin embargo, y a pesar de estas diferencias, la forma en que funcionan los fondos jubilatorios son los mismos en ambos casos. Básicamente, lo que se intenta es que la recaudación de la seguridad social se valorice en el tiempo. Para eso, debe ser reinvertida en actividades que aumenten la masa de valor. Pueden ser actividades productivas, o títulos y acciones que se especula con que aumenten su valor. De ahí, que un determinante de que en el futuro el actual beneficiario al fondo de jubilación reciba lo que le corresponde, es que los capitales donde se depositaron las inversiones vuelvan a generar esa riqueza. Es decir, el sistema jubilatorio depende del funcionamiento del sistema capitalista. Pero lo tanto, el nuevo sistema como las AFJP no sólo comparten este tipo de funcionamiento, sino que además ambos tienen la misma composición de activos.

Cuando se hizo el traspaso de las AFJP a la Anses en el 2008, y comenzó a funcionar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), implicó una transferencia de 98 mil millones hacia las arcas estatales[1]. Para julio de 2010 (último dato disponible) ya cuenta con 156 mil millones. Pero creció, como decíamos, manteniendo la misma estructura. En diciembre de 2008, la tenencia de títulos públicos, es decir, la deuda que tiene el Estado con la Anses, representaban el 59,5% del total de la cartera del FGS. De igual modo, en julio de 2010, representaban el 61,3%, aunque, en lo que respecta a la tenencia de títulos públicos, en el 2008 representaban 58 mil millones de pesos, mientas que en julio 2010 significaban 95 mil millones pesos. Similar evolución siguen los diferentes componentes del Fondo de Garantía: los plazos fijos pasan del 10% al 7%; las acciones pasaron del 8% al 10%, aunque sí se redujeron los títulos en valores extranjeros pasando del 5,2% (5 mil millones de pesos) al 1,2%. Sin embargo, luego de dos años de la estatización de los fondos para lograr “un régimen público, solidario y de reparto” los fondos siguen siendo los mismos. Por otro lado, debemos notar el hecho de que la tenencia de títulos públicos haya crecido en un 56% del 2008 al 2010, y que esa tendencia tiende a profundizarse, implica que el Estado utiliza esta caja a discreción.

Para cada “agujero fiscal”, el gobierno pide un parche a la Anses. Sobre todo, cuando esta institución tiene autonomía financiera y económica, es decir, que el gobierno puede pasar de tener deudas con acreedores extranjeros y contraerlas con la Anses, (como si éste no formara parte del Estado). La deuda sigue estando, sólo que cambiaron los acreedores. Por eso mismo, es necesario notar que esa deuda (que ocupa el 60% de los fondos del FGS) presenta serias dudas de ser cobrada. Sobre todo con un Estado al borde del default como el argentino. Para colmo, esos mismos fondos incobrables con que cuenta el FGS, son los mismos que pueden garantizar un nuevo endeudamiento externo por parte del gobierno. El posible nuevo endeudamiento va a estar respaldado por activos imposibles de realizar. Pero aquí no se terminan los problemas de realización de los fondos del FGS, que en este punto comparte los mismos que las AFJP.

La Anses también cuenta con participación directa en 43 empresas privadas. Por ejemplo, tiene el 30% del capital social del Banco Macro, el 26% de Edenor, el 20% del Grupo Galicia y Molinos Río de la Plata. También cuenta con el 9% del Grupo Clarín, y el 8% de Metrovías y Metrogás, respectivamente. Así, la Anses se aseguraría tener participación en las ganancias de estas empresas para que se valoricen sus activos. Lo que no se dice, es que varios de estos capitales, de por si necesitan de continuas transferencias de riqueza para seguir funcionando.

 El caso más paradigmático de esto son las empresas automotrices que están siendo subsidiadas con la caja de la ANSES. Desde marzo del 2009 se viene incentivando la producción de vehículos por “el alto impacto multiplicador en la economía”. Por ejemplo, en marzo del 2009 se entregaron 76 millones de pesos de incentivos. Pero en julio de este año se otorgaron  470 millones (0,3% del total de fondos del FGS). La principal beneficiaria fue Peugeot Citröen Argentina, pero también recibieron Volkswagen, Ford, Renault, Toyota, Mercedes y General Motors Argentina. Vale recordar que todas estas automotrices suspendieron o incluso despidieron personal a comienzos del año pasado. De ahí que, todos estos incentivos, no son otra cosa que un despilfarro de los recursos que deberían volver a los jubilados. Porque ninguno de estos capitales tiene la capacidad de devolver esta riqueza. Así, cuando el trabajador que está aportando quiera recibir su parte, sencillamente no va a estar. Hecho que también se manifiesta en los proyectos productivos que encara la Anses.

Desde diciembre del 2008, la Anses impulsa proyectos productivos, básicamente, destinados a ampliar la producción de energía, es decir, impulsar la obra pública. En ese mes se distribuyeron 2 mil millones, un año después se destinaban casi 8 mil millones, y en julio del 2010 la partida fue de 13 mil millones. Algunos de sus destinos son la Central Atucha, AySa, Enarsa, etc. En realidad, la obra pública siempre está asociada a momentos de crisis, como la vivida durante el 2008, por su efecto antíciclico. El argumento es que se debe sostener el nivel de actividad, para menguar los efectos de la caída de la producción privada. Lo que no pone en cuestión este argumento es que los capitales a los que se pretende alentar no tienen ninguna potencialidad para poder relanzar la economía, dada su escala acotada. Por lo que la obra pública con plata de los aportantes, se constituye en otra fuente de despilfarro. Para rescatar capitales ineficientes que ya se demostraron incapaces de sostener de manera pujante al país. Frente a política de derroche del salario diferido de millones de trabajadores, la salida es plantear mejores condiciones. Una salida clara es el 82%

La pelea por el 82% móvil

La ley del 82% móvil hubiese permitido ajustar el haber mínimo jubilatorio en el 82% del salario mínimo, vital y móvil (y sólo al mínimo, no al haber percibido durante los últimos años de actividad)[2]. Desde que se aprobó la media sanción en la Cámara de Diputados en el mes de agosto, el kirchnerismo viene afirmando la vetaría como finalmente hizo. Los argumentos son, por un lado, que es una ley que desfinanciaría al Estado y que entraría en quiebra, porque no habría recursos para hacer frente a los gastos. Por otro lado, afirma que los jubilados, gracias a los aumentos de este gobierno, ya estarían en los mejores niveles históricos. Obviamente, estos argumentos también le servían a la “oposición”. Esa es una de las razones de por qué la ley no contemplaba cuáles serían las fuentes de financiamiento. Hecho que demuestra que la oposición, como bien denuncian los adictos al gobierno de 678, no está interesada en la aplicación concreta de la ley. Es una jugada política de cara a las elecciones presidenciales del año que viene. Y por ahora van ganando la pulseada, ya que el gobierno se vio obligado a salir al cruce con el veto, quedando en off-side con su proclama nacional y popular. Sea como sea, discutamos de qué sentido se “mejoraron” los haberes.

El gobierno dice que los jubilados y pensionados nunca ganaron tanto como ahora. El haber mínimo para marzo 2010 (último dato publicado por el Ministerio de Trabajo) sería de $895, y el medio de $1151. El primero representaría un aumento del 496%, y el segundo un %220 por encima de lo que cobraban en 2001. Esto, claro está, sin tener en cuenta la inflación. Si lo hacemos, la mínima sólo aumentó la mitad de lo que cobraban en 2001, cosa bien distinta que afirmar que aumentó 5 veces. Pero el haber medio, que se habría multiplicado por dos, en realidad disminuyó un 13%[3]. Es decir, que después del aparente crecimiento de la economía más grande en los 200 años de historia argentina, y de casi 20 aumentos inéditos a los jubilados, la situación de los trabajadores jubilados no sólo no fue resuelta, sino que la mínima está casi en el mismo nivel que el 2001, y la media está peor[4].

Si el kirchnerismo se ha mostrado impotente en resolver la situación de los jubilados, las alternativas que se presentaron tampoco son mucho mejores. Tal es el caso de Proyecto Sur. Este espacio político liderado por Pino Solanas y Claudio Lozano redactó un documento con la intención de discutir las fuentes de financiamiento del 82% móvil. Sin embargo, el informe le pifia fiero[5].

En dicho informe se parte del calcular cuánto sería el dinero necesario para recomponer los haberes previsionales. En total, afirman que se necesitan 24 mil millones de pesos en forma neta. Asumen que la Anses tiene un superávit de 8 mil millones por lo que faltan conseguir 16 mil millones. Y acá es dónde el progresismo no puede ir más allá del que su horizonte (burgués) le impone. La propuesta que hacen es volver al nivel de las contribuciones patronales que Menem se ocupó de derogar en 1993. Pero, con expresa salvedad de aplicarla a las grandes empresas, dejando de lado a las pymes. Con esta medida, se obtendrían los 16 mil millones faltantes y así se podría garantizar el nuevo sistema de jubilaciones.

Si bien, el aumento a los jubilados siempre es progresivo, cabe señalar que Proyecto Sur hace abstracción de las bases sobre la que esta medida se sustenta. En primer lugar, porque los capitales que acumulan en Argentina viven de la transferencia de renta de la tierra. Así, cualquier medida que busque colocar a la clase obrera en condiciones de poder, debe avanzar sobre esa masa de riqueza. Sin embargo, Proyecto Sur tiene un límite político frente a esto, como quedó evidenciado en el conflicto del campo del 2008 donde se alinearon a favor de los pequeños capitales agrarios y de los terratenientes. En el mismo sentido, no propone el 82% como una medida para avanzar sobre la escala del capital. Al contrario, plantea que las contribuciones se le apliquen sólo al sector más concentrado del capital. En este punto, no da cuenta de que incluso las grandes empresas, a las cuales se refiere el informe, en realidad son pequeños capitales a nivel mundial. Si se aplicaran las contribuciones de la forma planteada, los capitales necesitarían una riqueza mayor que compense su escala para seguir viviendo. Es que en definitiva, la cuestión del 82% móvil no es un mero problema administrativo. El sistema de jubilaciones está quebrado porque los capitales que acumulan en Argentina así lo están.

Desde esa perspectiva, el 82% móvil sólo puede plantearse como una medida transicional que tenga como horizonte la concentración absoluta del capital en manos de la clase obrera. La impotencia del kirchnerismo en darle solución a la situación de los trabajadores jubilados pone sobre la mesa los límites que tiene la acumulación de capital en la Argentina. De ahí que no es una política reformista la que pueda resolver el problema (ni el reformismo k con el veto a la ley, ni la propuesta solanista con su defensa a las pymes). Esto sólo podrá lograrlo una política que avance en el enfrentamiento a la generalidad de los capitales que acumulan en Argentina.

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Trabajo, Indec y Buenos Aires City.

Luego de nueve años de crecimiento del PBI a “tasas chinas”, la capacidad de compra de la jubilación mínima creció un 60% con respecto del 2001 (no un 500% como afirma el gobierno), mientras que la jubilación promedio, todavía no alcanzó los niveles de la década de 1990.